Carta Magna Imperial
La Carta Magna Imperial es la norma jurídica de mayor rango del Imperio Eterno.
Fue redactada durante la implantación de la Reforma Carola (974 CI) por iniciativa de la reina Nana Black, inspirándose en los principios del Acta de Lirios y adaptándolos a la realidad de un imperio continental con cientos de millones de habitantes.
«Desde este momento que en cada libro de Historia Nana Black aparezca entre los Fundadores del Imperio.» Irina D'Aerte, Emperatriz Eterna. Decreto tras la muerte de Nana Black.
Su objetivo era establecer un marco jurídico común para todos los territorios imperiales, definiendo tanto los derechos fundamentales de los ciudadanos como las obligaciones de las instituciones públicas y los límites del poder político.
Desde su promulgación, ninguna ley imperial, real o nobiliaria puede contradecir sus disposiciones.
Principios fundamentales
Derechos fundamentales
La Carta Magna reconoce una serie de derechos inherentes a toda persona bajo soberanía imperial, sin distinción de origen, raza, condición social o territorio de residencia.
Entre ellos destacan:
- Derecho a la vida, la dignidad y la integridad física.
- Igualdad ante la ley.
- Prohibición de la esclavitud y de los castigos degradantes.
- Derecho de acceso a la justicia.
- Derecho a la defensa jurídica y a recurrir las resoluciones judiciales.
- Protección de la propiedad privada.
- Libertad de circulación dentro del territorio imperial.
- Derecho de acceso a la educación, la sanidad y al abastecimiento de agua conforme a los estándares establecidos por la legislación imperial.
Organización del Estado
La Carta Magna define al Imperio Eterno como un Estado único e indivisible, organizado territorialmente mediante administraciones locales con competencias propias, pero subordinadas al ordenamiento jurídico imperial.
Reconoce la existencia de la nobleza y de las distintas coronas reales, aunque limita sus atribuciones mediante la ley y las somete a la autoridad imperial.
Integridad territorial
La integridad territorial del Imperio constituye un principio fundamental del Estado.
Ningún territorio imperial puede separarse unilateralmente, ser cedido a una potencia extranjera o modificar su pertenencia al Imperio sin seguir el procedimiento de reforma previsto por la propia Carta Magna.
División de poderes
La Carta Magna establece la separación entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, así como mecanismos destinados a impedir la concentración arbitraria del poder.
La administración de justicia corresponde a la Magistratura Suprema y se ejerce mediante tribunales imperiales independientes de la nobleza, de los gobiernos territoriales y del resto de autoridades administrativas.
La independencia de las instituciones se garantiza mediante la separación entre su dirección y la gestión de sus funcionarios. Ningún ministerio, tribunal u organismo de la Administración Imperial puede seleccionar, nombrar, promocionar, trasladar o destituir directamente al personal que presta servicio en él.
Estas competencias corresponden al Relojero Imperial, responsable del cuerpo general de funcionarios del Consejo Imperial y de los ministerios, conforme a los principios de mérito y capacidad.
Obligaciones del Estado
Corresponde al Estado garantizar:
- la seguridad de sus ciudadanos;
- la administración de justicia;
- la educación pública;
- la sanidad;
- el abastecimiento de agua potable;
- las infraestructuras estratégicas;
- la conservación del patrimonio histórico;
- la defensa del Imperio.
Reforma constitucional
La Carta Magna sólo puede modificarse mediante un procedimiento extraordinario que requiere la participación de las principales instituciones del Imperio.
Esta rigidez pretende garantizar la estabilidad del orden constitucional frente a intereses particulares o coyunturales.
Legado
La Carta Magna Imperial consolidó la evolución iniciada más de un milenio antes por el Acta de Lirios, transformando un conjunto de principios políticos en un verdadero ordenamiento constitucional aplicable a todo el Imperio.
La mayoría de las grandes reformas posteriores se desarrollaron dentro del marco establecido por este texto, que continúa siendo la base del derecho imperial.